Miguel Ángel Heredia Díaz

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Blog del Secretario General del PSOE-A de Málaga

Mujeres y discapacidad

Comparto con vosotros y vosotras, como he hecho con el grupo de Ley de Dependencia y Discapacidad de Facebook, la aprobación por parte de la Junta de un plan de acción para mujeres con discapacidad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el I Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad, documento que recoge las iniciativas que desarrollará la Junta hasta 2013 para acabar con la doble discriminación que sufre este colectivo, integrado en Andalucía por más de 400.000 personas (el 58% de la población total con discapacidad).

El plan, que arrancará en su primer año con una dotación de 3,9 millones de euros, desarrollará una estrategia de intervención integral dirigida tanto a las personas directamente beneficiarias como a sus familias y a la sociedad en general, con tres objetivos fundamentales: fomentar un mayor grado de autonomía económica y personal; promover las condiciones para que puedan hacer uso de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, y erradicar estereotipos de género.

Para alcanzar estas metas, el documento establece un total de 64 medidas, que desarrollarán las Consejerías para la Igualdad y Bienestar Social; Empleo; Salud; Cultura; Innovación, Ciencia y Empresa; Justicia y Administración Pública, y Vivienda y Ordenación del Territorio.

Entre otras iniciativas novedosas, destacan la creación de servicios de atención psicológica especializada; el fomento de programas en los medios de comunicación que generen actitudes positivas; la organización de actividades extraescolares que favorezcan la integración de las niñas y jóvenes con discapacidad; el desarrollo de protocolos específicos sobre sexualidad y planificación familiar; el reforzamiento de los programas de salud para este colectivo, y la prioridad en las escuelas infantiles para los hijos de mujeres con discapacidad, con el fin de facilitar su integración laboral.

El plan, que ha sido elaborado con la participación de agentes sociales y organizaciones de personas con discapacidad, incluye un diagnóstico sobre la situación del colectivo en Andalucía. Como datos relevantes, en el ámbito del empleo su señala que el 76% de las mujeres con discapacidad están inactivas y que su tasa de paro alcanza el 28%, frente al 18,5% de los hombres en la misma situación, mientas que la proporción de trabajo a jornada parcial cuadriplica la masculina. A ello se añade que más del 80% de los cuidadores familiares de personas en situación de dependencia son mujeres.

En el terreno educativo, el documento de diagnóstico subraya que tan sólo el 12% de las mujeres con discapacidad de entre 18 y 44 años ha terminado estudios secundarios o superiores (16% en el caso de los hombres).

La iniciativa aprobada hoy por el Gobierno andaluz se complementa con otro plan de carácter más general vigente desde noviembre de 2007. Se trata del Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad en Andalucía, que recoge una inversión total de 414,4 millones de euros hasta 2013 en medidas especiales de inserción laboral.

Buena parte de esta inversión (357,4 millones) se destina a programas para potenciar los Centros Especiales de Empleo (empresas que cuentan en sus plantillas con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad); incentivos a la contratación de hasta 12.000 euros; creación de agentes de intermediación laboral entre empresas y trabajadores; planes formativos específicos con compromiso final de contratación, e instrumentos para garantizar la adecuada difusión de ofertas de trabajo.

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3 Responses

  1. wilfredo dice:

    Sr Miguel Angel Heredia , como es posible que diga que los discapacitados en el 2009 tendran mas beneficios, mientras su gobierno tiene previsto para los proximos PGE un Proyecto de Ley de presupuestos 2009, incluye 2 disposiciones adicionales, la 13 y 16, en las que varía el articulado de la Ley de Clases Pasivas del Estado..

    Esta variación de la Ley supone una reducción de las pensiones por incapacidad o inutilidad para los funcionarios del Estado.

    Este proyecto indica que las pensiones ordinarias causadas por jubilacioón o retiro por inutilidad permanente para el servicio o inutilidad que se causen al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, tendrán una cuantía del 75 por ciento del importe que resulte de la aplicación de las normas”. a partir del 1 de enero de 2009.

    También indica que el percibo de la pensión será incompatible con la realización de trabajo activo que de lugar a la inclusión en Seguridad Social.

    No obstante, hay excepciones. Si el trabajador en cuestión no está incapacitado para toda profesión u oficio, podrá compatibilizar “el percibo de la pensión con el desempeño de dicha actividad siempre que sea distinta a la que venía realizando al servicio del Estado”.

    En este caso, y mientras dure dicha situación, el importe de la pensión reconocida, se reducirá al 75% de la correspondiente cuantía, si se acreditan más de 20 años de servicios efectivos al Estado; o al 55%, si el interesado hubiera cubierto menos de 20 años de servicios al momento de su jubilación o retiro.

    Quienes tendrán que tomar una decisión sobre sus ingresos en los próximos meses son aquellos funcionarios que hayan disfrutado de este tipo de pensiones hasta la entrada en vigor de esta normativa.

    En estos casos, los afectados por la nueva legislación tendrán de plazo hasta el 31 de julio del año que viene para elegir entre cobrar la pensión por jubilación que les ofrece Hacienda o la retribución de sus otros servicios profesionales prestados.

    Politicas Sociales PSOE = Mas pobreza y trabajo sumergido,no cotizar S.S.

    Un saludo.

  2. miguelangelheredia dice:

    En el caso de las pensiones, en 2009 más de 100.000 de los 111.608 jubilados de Málaga se beneficiarán del aumento de un 6% de pensiones mínimas para 2009.

    Según los últimos datos de la Seguridad Social, las pensiones por jubilación tienen un importe medio de 761,75 euros, mientras que las pensiones por viudedad (58.255 persones) alcanzan los 504,1 euros.
    En total hay en Málaga 216.203 pensionistas, con un crecimiento del 2,5 respecto a septiembre de 2007, el más alto de Andalucía. Este crecimiento del 2,5 es compartido con varias provincias, pero sólo menor que en Álava, con un 2,6% y un punto por encima de la media nacional. Es deceir, actualmente somos la segunda provincia española en aumento en número de pensionistas.

    Entre 2004 y 2008 las pensiones han experimentado una subida de entre el 28,36 por ciento para las prestaciones de jubilación y viudedad de mayores de 65 sin cónyuge a cargo, y de hasta el 35,86 por ciento, para las prestaciones de jubilación de mayores de 65 años con cónyuge a cargo.

    Esto significa un crecimiento que es más del triple que con el Gobierno del PP.

    Asimismo, esto se traduce en que los malagueños con una pensión mínima mayores de 65 años con cónyuge a cargo han aumentado su pensión en 166 euros en los últimos cuatro años y en que las pensiones de los que no tienen cónyuge a cargo y viudas mayores de 65 años han crecido 112 euros. La pensión de las viudas con cargas familiares que cobran una prestación mínima ha experimentado una revalorización de su pensión desde 2004 de 220 euros, un 60,47 por ciento.

    Aún queda mucho camino por recorrer. Después de leer tu comentario, me voy a poner en contacto con los responsables de Trabajo para estudiar este asunto.
    Un saludo

  3. Jose Campos dice:

    Quiero poner de manifiesto el atropello salvaje que vamos a sufrir el colectivo de funcionarios por las medidas incluidas en el Proyecto de Presupuestos de 2.009 que presentará el Gobierno al Parlamento próximamente.

    He observado con estupor que en las disposiciones adicionales del Proyecto decimotercera (pág. 294) y decimosexta (pag.296) un recorte brutal en las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad o inutilidad del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

    Se recortan dichas pensiones un 25% por ciento a los jubilados por incapacidad (enfermedad) que no hayan llegado a prestar 20 años de servicios al Estado y en caso de que el funcionario jubilado quiera desarrollar otro trabajo (por supuesto, diferente del que fue incapacitado) se le recortan de la pensión que se recibe en la actualidad un total de un 25% si ha prestado mas de 20 años de servicio y un 45% si no ha llegado a esos 20 años. Asimismo, a los funcionarios jubilados que se encuentran de alta en el régimen de la Seguridad Social cotizando y compatibilizando con su pensión, le dan seis meses para elegir entre el cobro de la pensión o seguir trabajando.

    En primer lugar, habría que poner en evidencia la utilización de la ley de presupuestos para realizar una reforma de la Ley de Clases Pasivas que afecta a la totalidad de los funcionarios sin realizar debate alguno que justifique el recorte brutal de derechos adquiridos y sin negociación o participación de sindicatos y asociaciones funcionariales; en segundo lugar, para poner un ejemplo claro de la barbaridad que quieren hacer puedo poner el ejemplo de un funcionario actualmente pendiente de pasar a retirado por una enfermedad crónica e irreversible, con mas de 18 años de servicio si se aprueba esta normativa le quedarán de pensión alrededor de 1.050 euros sin trabajar en ningún sitio y si quiere realizar algún tipo de desempeño laboral acorde a su discapacidad le quedarían menos de 700 euros. Hasta este momento, para que se observe el recorte salvaje, la pensión media en este caso es de unos 1.400 euros, pudiendo compatibilizar la misma con un desempeño laboral acorde a la discapacidad que produjo la jubilación.

    De esta manera, se penaliza que un funcionario retirado o jubilado por enfermedad trabaje y pueda seguir cotizando y contribuyendo a la sociedad, a la par de que es despreciada su contribución como funcionario en el momento más crítico como es la jubilación por una enfermedad recibiendo un trato humillante en forma de una pensión miserable. Asimismo, es absolutamente discriminatoria la diferenciación de percepción entre los funcionarios que han prestado mas o menos de 20 años, en todo caso debiera ser progresiva, porque la diferencia de la cuantía de la pensión entre jubilarse con 19 años de servicio o 20 años y un mes es de un 25% de la cuantía de la pensión, hecho totalmente injusto.

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